Pautas para desarrollar actividad docente presencial

En los medios de comunicación (televisión, radio e internet) se está planteando comenzar el curso con una disyuntiva: ¿deben los alumnos comparecer en el colegio, o se han de impartir las clases telemáticamente?

Esa disyuntiva no responde a la realidad del problema que se les ha planteado a los titulares de los centros docentes privados y privados concertados porque, a pesar de que el bien jurídico protegido es el derecho de los alumnos a la asistencia y a la educación, el problema se plantea en su domicilio; es decir, aunque se llegue a la conclusión de que hay que impartir las clases telemáticamente, ¿con qué medios solucionamos el cuidado de los menores en ausencia de los padres de su domicilio, supuesto el caso de que todos estén dotados de los medios digitales necesarios y de que el centro escolar disponga de todos los medios necesarios para atender a todos los alumnos de forma personalizada?

La respuesta es evidente: no se puede. Luego, no queda más remedio que aplicar la solución menos perjudicial para el derecho de los alumnos y de sus familias que no es otra que impartir la actividad docente de forma presencial, siempre aceptando que esa solución no es la más segura para garantizar la salud de toda la comunidad educativa.

Se trata de establecer el modo de llevar a cabo la actividad docente presencial procurando prever los riesgos de incumplimiento normativo (normas estatales, autonómicas y municipales) y, sobre todo, de dotar al centro docente de un órgano o persona dotada de los medios técnicos y organizativos necesarios para garantizar la asistencia y el asesoramiento de todos los profesores, monitores y personal no docente en contacto con los alumnos encargados de gestionar la actividad docente en las aulas y en las zonas de actividades.

No se puede atribuir la responsabilidad al director ni, mucho menos, a los jefes de estudios. No son peritos en las materias jurídicas ni sanitarias y, por su condición de asalariados, tampoco puede imputárseles la responsabilidad que la Ley atribuye a la titularidad. Aunque la titularidad delegue sus funciones, a pesar de ello, no puede eludir su responsabilidad que, en el peor de los casos (dolo), evendría en solidaria.

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